Costa Rica inauguró el 14 de octubre una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, en momentos en que la presidenta Laura Fernández convirtió la instalación en una pieza clave de la ofensiva de su gobierno contra el crimen organizado ante las persistentes y elevadas cifras de homicidios.
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como CACCO, se encuentra en el complejo penitenciario La Reforma en Alajuela, cerca de la capital, y está diseñado para albergar a cerca de una quinta parte de la población carcelaria actual del país. Su diseño se inspira en la megacárcel CECOT de El Salvador, construida bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, cuyo enfoque de mano dura contra la delincuencia ha influido en los debates sobre políticas de seguridad en toda la región. Fernández presentó la apertura como un paso crucial hacia una mayor seguridad penitenciaria, mientras que las autoridades costarricenses afirman que el centro tiene como objetivo aislar a los reclusos de alto riesgo y frenar la influencia de los grupos criminales dentro de las cárceles.
El país registró 905 homicidios en 2023, seguidos de 876 en 2024 y 873 en 2025, y las autoridades vinculan muchos de estos asesinatos con disputas por rutas de narcotráfico y mercados locales. La inauguración de la prisión no significó su entrada en funcionamiento inmediata: los funcionarios indicaron que se esperaba que los primeros traslados de reclusos se llevaran a cabo hacia finales de octubre. El modelo ha sido objeto de escrutinio debido a que la ofensiva de Bukele también ha enfrentado denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso.
Por lo tanto, la apertura no solo marca una nueva prisión, sino también un giro más pronunciado hacia políticas de seguridad de mano dura en un momento en que Costa Rica hace frente al aumento de la violencia.