El presidente Emmanuel Macron prometió una respuesta contundente y facultó a las autoridades locales para prohibir manifestaciones después de que las protestas del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida derivaran en unos de los peores disturbios en Francia en años y dejaran cerca de 2.400 detenidos.
El Ministerio del Interior informó que casi 1.000 policías y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad, a medida que los enfrentamientos, saqueos e incendios se extendían por varias ciudades. Las autoridades calcularon que unas 550.000 personas participaron en las marchas motivadas por el alza de precios y el deterioro de los servicios públicos. Estudiantes y sindicatos también expresaron su preocupación por las condiciones en los centros educativos.
Entre los daños registrados, el histórico ayuntamiento de Limoges sufrió graves incendios y se produjeron ataques contra comercios y otros edificios públicos. En un mensaje televisado, Macron declaró que es necesario diferenciar a los manifestantes pacíficos con reclamos legítimos de quienes destruyeron y saquearon propiedades, y aseguró que los responsables de la violencia tendrán que rendir cuentas ante la justicia.
Macron señaló que alcaldes y prefectos podrán prohibir ciertas concentraciones de ser necesario, aunque no llegó a decretar el estado de emergencia ni el toque de queda. El lunes, el mandatario rechazó la renuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y solicitó una investigación sobre posibles fallos de planificación e inteligencia antes de que se desatara la violencia.
Los disturbios han incrementado la presión sobre el gobierno en minoría del primer ministro Sébastien Lecornu, que busca aplicar importantes recortes del gasto y afronta una votación presupuestaria decisiva.