Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares después de que un jurado concluyera que Facebook engañó reiteradamente a los consumidores del estado sobre la privacidad y la seguridad de la plataforma.
Cómo comenzó el caso sobre privacidad
El caso surgió a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. Una aplicación desarrollada junto con la consultora política recopiló información de quienes respondieron a un cuestionario y de muchos de sus amigos de Facebook, que no habían usado la aplicación. La Comisión Federal de Comercio afirmó que los datos se utilizaron para elaborar perfiles de votantes estadounidenses y dirigirles mensajes.
Nuevo México presentó una demanda en 2021 en virtud de su Ley de Prácticas Desleales. El estado cuestionó las afirmaciones de Facebook sobre el control de los usuarios de su información, el acceso de los anunciantes y sus promesas de investigar aplicaciones sospechosas, avisar a los usuarios afectados y eliminar contenido perjudicial. El caso también abarcó afirmaciones sobre desinformación, discurso de odio y la aplicación coherente de las normas de Facebook.
Qué determinaron el jurado y el juez
En septiembre, el jurado concluyó que 26 afirmaciones eran engañosas o falsas. Según las conclusiones del juez, se hicieron durante más de 11 años. La cuestión jurídica era si las declaraciones de Facebook infringían la ley estatal de protección al consumidor, no si Cambridge Analytica había cambiado el resultado de las elecciones de 2016.
El juez afirmó que algunas declaraciones procedían de altos directivos, entre ellos Mark Zuckerberg y la entonces directora de operaciones, Sheryl Sandberg. También concluyó que la investigación que Facebook prometió llevar a cabo tras el escándalo fue insuficiente. El juez consideró que la información y la actividad de los usuarios tenían valor para la empresa, pero no determinó que todos los usuarios hubieran sufrido pérdidas económicas individuales.
Cómo se calculó la sanción
El jurado determinó que hubo 43.899.725 infracciones intencionadas. Para contabilizarlas, se utilizaron estimaciones de las audiencias: la población del estado en el caso de algunas declaraciones ampliamente difundidas y los usuarios de Facebook en Nuevo México en el de las declaraciones publicadas en la plataforma. La ley estatal permite imponer hasta 5.000 dólares por infracción, lo que supone un máximo teórico de unos 219.500 millones de dólares.
El juez Francis Mathew afirmó que la duración, la reiteración y el alcance de la conducta, la participación de altos directivos y su carácter intencionado justificaban aplicar la tasa máxima por infracción. Redujo el total a 25.000 millones de dólares, es decir, unos 570 dólares por cada infracción contabilizada. La orden no explica con la misma claridad cómo se calculó la cifra más baja. También añade un interés anual del 15 % hasta que se efectúe el pago.
Qué ocurrirá ahora
Meta afirma que apelará. Antes del fallo, sus abogados sostuvieron que una sanción superior a unos 3.400 millones de dólares vulneraría el debido proceso y sería inconstitucional. Después, el director jurídico de Meta calificó el caso como un intento de imponer un «impuesto a la libertad de expresión». En la apelación podrían analizarse si las audiencias estimadas pueden contabilizarse como infracciones separadas, si la sanción es excesiva y si limita la libertad de expresión. Estas son alegaciones de Meta, no decisiones de un tribunal de apelación.
El juez aún no ha resuelto la petición de Nuevo México para que Meta modifique sus prácticas. El fiscal general del estado ha advertido que el dinero podría no estar disponible mientras se tramita la apelación, un proceso que podría durar años, aunque los intereses sigan acumulándose. Según la constitución estatal, las sanciones por infracciones de las normas de protección al consumidor se destinan a financiar la educación, pero los usuarios de Facebook no deberían esperar recibir cheques individuales.