Stephen Miller asumió el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca el 9 de noviembre, situando al estratega de línea dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump en el centro de una Administración que se enfrenta a un Congreso controlado por los demócratas.
Cómo llegó Miller al cargo
Trump anunció el cambio el viernes 6 de noviembre, y Miller asumió el cargo el lunes 9 de noviembre, después de que los demócratas ganaran ambas cámaras. Trump elogió a Miller como un asesor y gestor de confianza y dijo que Susie Wiles se incorporaría a su equipo político. CBS News informó que Wiles dimitió el jueves, y que tres fuentes relacionaron la decisión con las derrotas electorales; Trump dijo a Associated Press que el cambio no se debía a las elecciones. Según las informaciones, Wiles esperaba quedarse más tiempo, por lo que no está claro quién inició su salida.
Miller se incorporó a la campaña de Trump de 2016 como redactor de discursos, se convirtió en una de las principales voces en materia de inmigración durante la primera Administración y luego fue subjefe de gabinete para políticas públicas y asesor de seguridad interior. En el segundo mandato de Trump, contribuyó a impulsar las deportaciones y las medidas de control migratorio. El cargo de jefe de gabinete no le otorga nuevas facultades legales, pero lo pone a cargo de coordinar el trabajo de la Casa Blanca y cerca de las decisiones del presidente.
Preparativos para gobernar sin el Congreso
Antes de las elecciones, Reuters informó que Miller, el director de presupuesto Russell Vought y los abogados de la Casa Blanca identificaron medidas ejecutivas que Trump podría adoptar sin el Congreso en materia de inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal. Los demócratas asumirán el control en enero, pero los organismos pueden ejercer las facultades que las leyes vigentes delegan en el poder ejecutivo. En una ley de 2025, los republicanos también asignaron unos 170.000 millones de dólares a las medidas de control migratorio y la seguridad fronteriza.
Los demócratas pueden investigar organismos, solicitar documentos, celebrar audiencias e influir en el gasto futuro, pero Trump puede vetar proyectos de ley y la financiación vigente deja margen para las operaciones de control migratorio. Es más probable que la supervisión saque a la luz decisiones y eleve su costo político o administrativo que detenga las operaciones de inmediato. La mayoría entrante ha anunciado planes para examinar de cerca al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional, incluidas las actuaciones de control migratorio y la financiación.
Hacia dónde podría trasladarse la próxima disputa
Las directrices ejecutivas deben contar con base legal y pueden ser impugnadas ante los tribunales. La labor de Miller en las restricciones de viaje de Trump dio lugar a años de impugnaciones judiciales; finalmente, el Tribunal Supremo confirmó una versión posterior. Su defensa de las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros ha suscitado controversias sobre el debido proceso. Lo que está en juego incluye a personas que pueden ser detenidas o expulsadas y a organismos que defienden sus políticas ante los tribunales y el Congreso. Una encuesta de AP a más de 100.000 votantes en las elecciones de medio mandato reveló que alrededor de seis de cada diez consideraban que las medidas de control migratorio habían ido demasiado lejos.
La próxima etapa probablemente incluirá decisiones ejecutivas, litigios, supervisión y futuras partidas presupuestarias, no una solución legislativa rápida. El ascenso de Miller sugiere que Trump confía en un responsable de confianza encargado de hacer cumplir sus políticas, en lugar de dar marcha atrás, pero se trata de una interpretación, no de un cambio de política anunciado. Habrá que observar qué medidas migratorias impulsa la Casa Blanca, cómo responden los tribunales y cuándo las comisiones del Congreso exigen los registros del Departamento de Seguridad Nacional.