La votación de 73 a 25 del Senado, el 9 de noviembre, dio curso a un paso procedimental de la Bipartisan American Affordability and Jobs Act, pero no aprobó el proyecto de ley.
Por qué sus partidarios quieren evaluaciones más rápidas
Sus partidarios afirman que la superposición de las evaluaciones federales, los análisis ambientales y las consultas públicas puede dejar a los proyectos energéticos durante años en una situación de incertidumbre. Sostienen que los retrasos desincentivan la inversión y ralentizan la producción de energía y la construcción de líneas eléctricas, mientras crece la demanda de electricidad, también por parte de los centros de datos.
La Ley Nacional de Política Ambiental, o NEPA, exige que se examinen los efectos ambientales antes de que se tomen decisiones federales; no determina si un proyecto debe seguir adelante. Los intentos de llevar a cabo una reforma amplia se han estancado repetidamente debido a desacuerdos sobre cuánto deben durar las evaluaciones y qué nivel de participación pública debe mantenerse.
Qué cambiaría el proyecto de ley
El paquete modificaría las normas establecidas en la NEPA, la Ley de Agua Limpia, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la legislación de protección del patrimonio histórico. Su objetivo es fijar plazos más claros para las evaluaciones, dar más certidumbre a los proyectos aprobados y limitar algunas impugnaciones judiciales.
También incluye normas de planificación y concesión de permisos para las líneas de transmisión eléctrica, y exige que los grandes centros de datos cubran los costos de la red relacionados con sus necesidades energéticas. Los cambios podrían ayudar a que los proyectos de energías renovables se conecten antes a la red y facilitar la aprobación de oleoductos y gasoductos, centrales eléctricas y minas.
Cómo se alcanzó el acuerdo bipartidista
Los negociadores republicanos Shelley Moore Capito y Mike Lee han destacado la necesidad de acelerar la construcción y hacer más previsibles las aprobaciones. Los demócratas Martin Heinrich y Sheldon Whitehouse sostienen que las reformas de transmisión pueden llevar energía limpia a los consumidores y que las normas sobre los costos de los centros de datos pueden proteger a los hogares de los gastos de la red.
Los cuatro senadores negociaron durante meses y dieron a conocer su acuerdo el 30 de septiembre, justo antes del receso del Senado previo a las elecciones. Tras la victoria de los demócratas y la obtención del control de ambas cámaras en las elecciones del 3 de noviembre, los partidarios tuvieron menos tiempo para impulsar el proyecto antes de que comenzara la siguiente legislatura.
Quiénes podrían beneficiarse y quiénes tienen dudas
Los promotores de proyectos energéticos podrían beneficiarse de evaluaciones más breves y de menos impugnaciones judiciales en etapas avanzadas. Sus partidarios afirman que los consumidores podrían beneficiarse si una mayor oferta de energía y más capacidad de la red reducen los costos, y si los centros de datos cubren una mayor parte de los gastos que generan; estos resultados no están garantizados.
Los grupos ambientalistas advierten que unas evaluaciones más limitadas y menos recursos legales podrían debilitar la protección de las comunidades, el agua y la fauna silvestre. Los defensores de las comunidades tribales afirman que las normas de protección del patrimonio histórico podrían limitar las consultas sustanciales sobre lugares de importancia cultural. La enmienda sustitutiva del 7 de noviembre se presentó tras recibir comentarios, pero algunos críticos siguen oponiéndose al proyecto de ley.
Los próximos pasos en el Senado
El presidente Trump respaldó el paquete, pero durante el debate en el Senado dijo que no aprobaría turbinas eólicas. Algunos demócratas cuestionaron si la promesa del proyecto de ley de ofrecer más certidumbre a los proyectos autorizados beneficiaría a las energías renovables si el Gobierno se opone a ellas. Los demócratas que votaron a favor de avanzar el proyecto también han dicho que podrían proponer cambios, en particular sobre las consultas con las comunidades tribales.
Al martes 10 de noviembre, estaba previsto que el Senado reanudara el debate sobre si someter la medida a consideración, con votaciones nominales previstas. Si los senadores están de acuerdo, aún quedarían las enmiendas y una votación separada sobre la aprobación definitiva. Los negociadores han prometido un proceso para presentar enmiendas, pero los cambios podrían restarle apoyo republicano al proyecto. La Cámara de Representantes también debe aprobarlo para que pueda convertirse en ley. El mandato del Congreso termina en enero.