El presidente Félix Tshisekedi firmó una ley que facilita la organización de referendos constitucionales, pero no convoca una votación ni determina si pueden modificarse los límites de los mandatos presidenciales.
Qué cambia con la nueva ley
Firmada el 9 de noviembre y anunciada al día siguiente, la Ley 26/045 sustituye una norma de 2005 que regulaba la consulta popular sobre la Constitución vigente. Establece los procedimientos para las reformas constitucionales y para una nueva Constitución. Tras las objeciones del Tribunal Constitucional, los legisladores la revisaron antes de aprobarla. El diputado Paul-Gaspard Ngondankoy propuso la ley; Tshisekedi no la presentó personalmente.
La Constitución de 2006 establece mandatos presidenciales de cinco años, renovables una sola vez. Tshisekedi asumió el cargo en 2019, fue reelegido en 2023 y debe dejarlo en 2028. El artículo 220 prohíbe modificar el número y la duración de los mandatos.
Quién puede iniciar un referéndum
El presidente, el Gobierno tras deliberar en Consejo de Ministros, la mitad de los miembros de cada cámara del Parlamento o los ciudadanos que presenten al Parlamento una petición con al menos 100.000 firmas pueden iniciar un referéndum. Sus partidarios sostienen que la ley da mayor efecto a la soberanía popular y amplía el marco establecido en 2005.
Un cambio directo del artículo 220 contravendría la prohibición constitucional. Sus partidarios podrían argumentar que una nueva Constitución sustituye la carta magna en lugar de modificar una cláusula protegida; sus detractores afirman que esa vía podría eludir la salvaguarda. El Tribunal Constitucional avaló el marco, pero no modificó la Constitución ni se pronunció sobre una propuesta futura concreta. Sigue siendo objeto de controversia si una nueva carta magna podría reiniciar el cómputo de los mandatos presidenciales.
Por qué el debate es tenso
Tshisekedi ha dicho que no ha buscado un tercer mandato, pero que aceptaría uno si la población congoleña así lo quisiera. Su entorno presenta la reforma como un cambio institucional. Sus críticos citan esas declaraciones y su advertencia de que las elecciones de 2028 podrían no celebrarse según lo previsto si los combates en el este dejan territorios fuera del control del Gobierno. Son cuestiones distintas, pero plantean interrogantes sobre quién decide cuándo termina su mandato.
Dirigentes de la oposición se sumaron a la coalición C64 para oponerse a los cambios constitucionales, invocando el artículo 64, que insta a los ciudadanos a oponerse a las violaciones del orden constitucional. Human Rights Watch documentó el uso de gases lacrimógenos y porras durante una manifestación en junio. Más tarde, ACLED informó de que las protestas de septiembre fueron dispersadas y de que la coalición estaba dividida entre negociar o intensificar la presión en las calles. El artículo sostiene que la legitimidad de un referéndum también depende de que la población pueda hacer campaña y cuestionar el resultado.
Qué ocurre ahora
No se ha anunciado ninguna fecha para el referéndum. Para celebrar una votación, una autoridad habilitada tendría que iniciarla y las autoridades tendrían que organizarla. Hasta entonces, la ley es un marco, no una decisión de convocar un referéndum. La prueba inmediata será si el Gobierno de Tshisekedi la utiliza y si el Parlamento, los tribunales, los grupos de oposición y los votantes aceptan el proceso. Lo que está en juego es si la garantía sobre los límites de los mandatos sigue siendo vinculante cuando el poder cambia de manos.