El Consejo Privado de Trinidad y Tobago dictaminó que la Constitución no podía justificar leyes que tipificaran como delito las relaciones privadas y consentidas entre adultos del mismo sexo, admitió el recurso del activista Jason Jones y dejó pendiente la redacción definitiva de la orden.
El 10 de noviembre, el panel de cinco jueces concluyó que los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales de 1986 vulneraban los derechos de Jones, incluido su derecho al respeto de la vida privada y familiar. Las leyes tipificaban como delitos la “sodomía” y la “indecencia grave”, con penas que incluían la prisión. Jones inició su impugnación en 2017 y ganó en el Tribunal Superior al año siguiente.
Una apelación restableció más tarde parte de las restricciones, lo que llevó a Jones a presentar el caso ante el Consejo Privado. El Consejo rechazó el recurso de apelación cruzada del Gobierno. Señaló que penalizar la intimidad consentida interfería con una parte fundamental de la identidad personal.
Las leyes rara vez se aplicaron en los últimos años. Los defensores de los derechos afirmaron que su vigencia seguía reforzando el estigma y el miedo. La opinión provisional de los jueces es restablecer la medida dispuesta por el Tribunal Superior, que excluiría de los delitos los actos privados y consentidos entre adultos.
Las partes pueden presentar observaciones antes de que se finalice la orden exacta. La decisión se aplica a Trinidad y Tobago. Los defensores de los derechos afirman que podría orientar el debate en otros lugares del Caribe, donde algunos países mantienen leyes similares.