El acuerdo provisional de la UE ofrece a las fábricas un colchón temporal frente a los costes mientras disminuyen los derechos de emisión gratuitos, pero no las exime de las normas sobre emisiones.
Cómo funcionan los derechos de emisión gratuitos
En virtud del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, las empresas deben entregar un derecho por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten. La subasta es la forma habitual de obtener derechos, pero algunas instalaciones industriales los reciben gratuitamente para limitar el riesgo de que la producción se traslade a países con normas climáticas menos estrictas.
La asignación gratuita suele seguir parámetros de referencia específicos para cada producto. Los parámetros de referencia para el calor y los combustibles son reglas alternativas para los procesos que no cuentan con un parámetro de referencia adecuado para el producto y calculan los derechos en función del consumo de energía. Afectan a sectores como los productos químicos, la cerámica, el vidrio, el papel y el procesamiento de alimentos, y representan aproximadamente una cuarta parte de la asignación gratuita.
Por qué los negociadores añadieron derechos
El acuerdo llegó tras la actualización periódica de los parámetros de referencia del RCDE para el periodo 2026-2030. La revisión de los parámetros de referencia para el calor y los combustibles redujo los derechos gratuitos, lo que llevó a empresas y Estados miembros a advertir que aumentarían los costes para los sectores expuestos. En julio, la Comisión Europea propuso una solución temporal independiente para reforzar la protección contra la fuga de carbono hasta 2030, sin reducir de forma más general la asignación gratuita en todos los sectores.
El acuerdo provisional proporciona un colchón de aproximadamente 121 millones de derechos. Unos 88 millones estaban disponibles en virtud de las normas vigentes del RCDE. Los negociadores añadieron 28 millones que no se habían asignado porque las instalaciones no cumplían condiciones como las auditorías de eficiencia energética o los planes de neutralidad climática, además de cinco millones para los sectores especialmente expuestos. Toda parte no utilizada de esa reserva específica se destinará a apoyar inversiones a través de los fondos de Modernización e Innovación de la UE. El paquete es más amplio que la propuesta inicial de la Comisión.
Qué cambia y qué no cambia con el acuerdo
El acuerdo complementa el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE, o CBAM. Este impone un coste del carbono a las importaciones de determinados productos a medida que se eliminan gradualmente los derechos gratuitos para los productores de esos productos en la UE. El CBAM no abarca todos los procesos que dependen de los parámetros de referencia para el calor y los combustibles. Una propuesta más amplia de la Comisión sobre el RCDE, presentada en 2026, extendería hasta 2038 la eliminación gradual de los derechos gratuitos para los productos cubiertos por el CBAM. Esa propuesta y el futuro de los derechos después de 2030 son cuestiones independientes de este acuerdo temporal.
Las empresas afectadas deberían tener que comprar menos permisos y contar con más certidumbre sobre los costes a corto plazo. El Consejo afirma que esto puede ayudar a mantener la producción y los puestos de trabajo en Europa mientras los sectores llevan a cabo la transición. Los críticos, entre ellos Carbon Market Watch, sostienen que flexibilizar repetidamente las normas sobre los parámetros de referencia puede debilitar la presión para reducir el uso de combustibles fósiles e invertir en una producción más limpia. Las empresas siguen teniendo que entregar un derecho por cada tonelada que emiten, pero los derechos gratuitos influyen en sus costes y en quién los asume.
Qué ocurre ahora
El acuerdo es provisional. El Consejo y el Parlamento deben refrendarlo y adoptar formalmente el texto, tras lo cual la Comisión establecería las normas para calcular los parámetros de referencia. Se prevé que este proceso continúe hasta el primer trimestre de 2027. La fecha de 2030 pone fin a este aumento específico, no a todos los derechos gratuitos. Una revisión más amplia del RCDE determinará qué protecciones continuarán después y cómo encajarán con los objetivos de emisiones de la UE y el CBAM.