Un centro propuesto en Ruanda ofrecería a cinco gobiernos europeos otra opción para las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que tengan órdenes de salida ejecutables.
Por qué los gobiernos respaldan el plan
Funcionarios de la UE afirman que alrededor de dos de cada tres personas a quienes se ordena salir no lo hacen. Las devoluciones pueden quedar paralizadas cuando no se ha aclarado la identidad de una persona o no se han resuelto sus documentos de viaje, o cuando su país de origen se niega a readmitirla. Los gobiernos sostienen que la aplicación deficiente de las normas reduce la confianza en el sistema de asilo. Los analistas también consideran que la política de devoluciones pone a prueba la capacidad del Estado y su credibilidad política. Los cinco gobiernos apuestan por que un nuevo destino y la posibilidad de trasladar allí a estas personas contribuirán a resolver el problema.
Quiénes podrían ser trasladados
El plan no consiste en enviar personas al extranjero para que se decida allí sobre sus solicitudes de asilo. Los cinco países afirman que los traslados afectarían a personas que hayan completado los procedimientos de asilo y recibido órdenes de salida ejecutables.
Países Bajos señala que la primera fase abarcaría a hombres solos y que los traslados neerlandeses se centrarían en personas procedentes de países de la región de Ruanda. Describe un centro abierto y temporal, donde las personas tendrían derecho a vivir en Ruanda y acceso al trabajo, la educación, la atención sanitaria y el sistema jurídico. Estas son condiciones previstas, no acuerdos definitivos. Se espera que el proyecto piloto albergue a unas 100 personas a la vez, pero no se han hecho públicas estimaciones de sus costos.
Qué queda por decidir
El Gobierno neerlandés afirma que Ruanda tiene experiencia en recibir a grandes grupos de migrantes y que los cinco países europeos asumirán costos como los del alojamiento temporal. Sin embargo, todavía hay que definir los detalles técnicos. Entre las preguntas sin respuesta figuran quiénes podrán ser trasladados, cuánto tiempo permanecerán allí y cómo se supervisará el centro.
Las cuestiones legales siguen pendientes
El Reglamento de Retorno de la UE, actualmente en vigor, permite a los Estados miembros establecer acuerdos con países no pertenecientes a la UE para las personas sujetas a decisiones de retorno. Sin embargo, las normas de la UE siguen exigiendo que se respeten los derechos fundamentales. El servicio de investigación del Parlamento Europeo señala que el país de acogida debe ser seguro y respetar los derechos humanos.
El plan de Ruanda que el Reino Unido abandonó sirve de advertencia, aunque era distinto: proponía enviar allí a personas antes de que se decidiera sobre sus solicitudes de asilo. En 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido lo declaró ilegal al concluir que existía un riesgo real de que las personas fueran devueltas a lugares donde podían sufrir persecución. El plan de la UE se refiere a personas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas, y Países Bajos afirma que podrían establecerse en Ruanda. Eso no resuelve si Ruanda sería un país seguro para cada persona ni si existirían recursos legales efectivos y protección frente a una nueva expulsión. Amnistía Internacional advierte que los centros de este tipo pueden dar lugar a detenciones sin garantías adecuadas y a devoluciones forzosas a lugares peligrosos; se trata de advertencias, no de conclusiones sobre este plan aún sin concretar.
Una prueba antes de que comiencen los traslados
La próxima prueba será determinar si Ruanda y los cinco países pueden establecer normas detalladas, prestar servicios y organizar una supervisión independiente, y si esas normas resistirán los recursos legales. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que podría ayudar con los servicios tras la llegada de las personas, pero que no participará en expulsiones forzosas, detenciones ni actividades de aplicación de la ley. Solo colaborará si pueden respetarse su mandato y las normas internacionales. Los gobiernos esperan que los primeros traslados tengan lugar en 2027. Los investigadores del Parlamento Europeo advierten que iniciativas similares podrían ser costosas, beneficiar a pocas personas y enfrentarse a impugnaciones legales. Por ahora, el centro pone a prueba la voluntad política y jurídica de Europa de realizar devoluciones fuera de la UE; no es una solución demostrada a las bajas tasas de deportación.