Una investigación de Reuters descubrió que la revisión de las listas electorales de India fue seguida de detenciones, interrogatorios sobre la ciudadanía y deportaciones de algunos musulmanes, aunque la eliminación de una lista por sí sola no demuestra que alguien sea ciudadano extranjero.
Cómo funcionan las verificaciones del censo electoral
La «Revisión Intensiva Especial», puesta en marcha en 2025, pidió a los votantes que confirmaran sus datos mediante verificaciones a gran escala. La Comisión Electoral afirma que elimina los registros de personas fallecidas, que se han mudado de forma permanente, que aparecen más de una vez o que no pueden ser localizadas tras varias visitas. El proceso incluye visitas a los domicilios, listas provisionales y un plazo para presentar objeciones y apelaciones. Los críticos dicen que los trámites y los plazos suponen una carga para quienes se mudan con frecuencia o tienen documentación irregular.
Antes de las elecciones estatales de 2026 se eliminaron unos nueve millones de nombres en Bengala Occidental. Sabar Institute, un centro de estudios de Calcuta, dijo que los musulmanes representaban aproximadamente el 70 % de los 2,7 millones de nombres eliminados tras una revisión más exhaustiva, aunque constituían cerca del 27 % de la población del estado. El BJP ganó las elecciones y tomó el control del estado por primera vez; eso no demuestra que las eliminaciones determinaran el resultado. El ministro del Interior, Amit Shah, vinculó abiertamente las bajas en las listas con el objetivo declarado del Gobierno de encontrar y expulsar a presuntos inmigrantes indocumentados.
Las familias, bajo escrutinio
Reuters entrevistó a 10 familias cuyos parientes fueron detenidos, deportados o interrogados sobre su ciudadanía después de que sus nombres desaparecieran de las listas revisadas. Sahida Fakir, de 38 años, dijo que agentes vestidos de civil se la llevaron de Mumbai en julio, le confiscaron el teléfono y finalmente la obligaron a entrar en Bangladesh, separándola de su esposo y sus hijos. Los documentos presentados ante los tribunales identifican a los agentes como miembros de la unidad de delitos de la policía de Mumbai; el departamento no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters. Los registros examinados por Reuters mostraban que los padres y abuelos de Fakir figuraban en listas electorales de décadas anteriores, y que su propio nombre aparecía en las listas de Bengala Occidental desde al menos 2008. Su familia está impugnando su deportación ante los tribunales. Estos casos no demuestran que todos los votantes eliminados de las listas vayan a afrontar medidas migratorias ni resuelven legalmente la ciudadanía de nadie.
La condición de votante no equivale a la ciudadanía
El proceso de inscripción en las listas electorales de India determina quién está registrado para votar. La eliminación de una lista no demuestra por sí sola que alguien sea extranjero. Sin embargo, un proceso migratorio separado puede exigir a una persona detenida que demuestre su ciudadanía. En julio, el Tribunal Superior de Calcuta dijo que la identificación electoral, Aadhaar y las tarjetas PAN no constituían pruebas concluyentes en un caso de detención y se negó a ordenar la liberación de la persona detenida. El fallo no convirtió la eliminación del censo electoral en prueba de nacionalidad extranjera.
Las apelaciones y las garantías siguen en el centro del debate
La prueba inmediata es si las personas pueden averiguar por qué se eliminaron sus nombres, recuperarlos mediante apelaciones e impugnar las medidas migratorias antes de ser deportadas. El Tribunal Supremo ha exigido que se resuelvan oportunamente las apelaciones relacionadas con las listas electorales. El 14 de noviembre, la Comisión Electoral comunicó al Tribunal que quienes no aparecieran en las listas provisionales podían volver a solicitar su inscripción mediante el Formulario 6, sin ser procesados por el mero hecho de hacerlo. Human Rights Watch ha informado de expulsiones a Bangladesh de residentes bengalíes sin las garantías procesales básicas. Al 17 de noviembre, la impugnación judicial de la familia de Fakir y la tramitación de las apelaciones pendientes seguían siendo fundamentales para determinar qué ocurriría después.