La Corte Internacional de Justicia dictaminó el jueves 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás durante la campaña militar de 2017 en el estado de Rakáin.
El tribunal declaró a Myanmar responsable de atrocidades cometidas durante esa campaña. Gambia presentó la demanda en 2019 en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Fue la primera vez que la Corte Internacional de Justicia declaró a un Estado responsable de cometer genocidio.
El panel de 15 jueces tomó su decisión por 9 votos contra 6, tras las audiencias sobre si Myanmar había incumplido el tratado. El tribunal también concluyó que Myanmar no había prevenido ni castigado el genocidio y que no había aprobado las leyes necesarias para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, no concluyó que Myanmar hubiera incitado directa y públicamente a particulares a cometer genocidio.
El caso se centró en las «operaciones de despeje» del ejército en el norte de Rakáin. Los asesinatos, la violencia sexual y otros abusos hicieron que más de 730.000 rohinyás cruzaran la frontera hacia Bangladesh. El tribunal ordenó a Myanmar que indemnizara por los daños causados.
La sentencia no condena por sí misma a ningún integrante de la cúpula militar por delitos. Para los rohinyás supervivientes, el fallo reconoce formalmente la gravedad de los daños que sufrieron. Las cuestiones relativas a la responsabilidad individual y al futuro de las personas desplazadas siguen sin resolverse.