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¿Por qué esperó Indonesia 18 años?

A fondo🇮🇩Justicia

La noticia detrás de este artículo: El Parlamento de Indonesia aprueba una ley que permite confiscar bienes vinculados a delitos

La nueva ley de decomiso de activos de Indonesia pone fin a 18 años de lucha legislativa, pero su verdadera prueba será si las autoridades pueden recuperar bienes vinculados a delitos sin abusar de sus facultades sobre la propiedad.

Cómo llegó el proyecto al Parlamento

La propuesta surgió de un estudio de inteligencia financiera realizado en 2008, y el Gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento en 2012. El proyecto quedó estancado por desacuerdos sobre la urgencia y el alcance de la medida. El Parlamento elegido para el período 2024-2029 lo dejó inicialmente fuera de su lista de prioridades. La demora reflejó un equilibrio difícil: los delincuentes pueden ocultar bienes ilícitos, pero arrebatar propiedades sin una condena plantea inquietudes sobre los derechos y la aplicación injusta de la ley.

La presión para actuar aumentó mientras la recuperación de activos seguía siendo difícil bajo un sistema que a menudo exigía primero una condena penal. Hubo manifestaciones en agosto de 2025 y agosto de 2026. El Parlamento y el Gobierno concluyeron las deliberaciones en comisión el 18 de noviembre, y los legisladores aprobaron el proyecto al día siguiente, antes del plazo del 15 de diciembre fijado por la dirección del Parlamento. La Cámara afirma que celebró más de 87 audiencias.

¿Cuándo se pueden incautar los activos?

La ley abarca siete grupos de delitos, entre ellos la corrupción, los delitos de narcotráfico, la financiación del terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas y el fraude o la malversación a gran escala mediante tecnologías de la información. Sin embargo, según el texto final publicado por el Parlamento del que informó Kompas, el artículo 4 permite el decomiso sin condena específicamente en casos de corrupción. Puede aplicarse si un sospechoso o acusado ha fallecido, ha huido, padece una enfermedad permanente o tiene una discapacidad, o no puede ser identificado ni localizado. Los activos deben tener un valor mínimo de 1.000 millones de rupias, unos 55.000 dólares estadounidenses. El proceso penal puede seguir adelante.

Las autoridades pueden rastrear, congelar o incautar activos sospechosos antes de que un tribunal decida si procede decomisarlos. Esto puede impedir que los bienes desaparezcan, pero sus propietarios podrían perder acceso a ellos antes de que haya una decisión definitiva. En la práctica, será importante distinguir entre las restricciones temporales y el decomiso permanente.

Salvaguardias y preocupaciones

Los beneficios obtenidos de inversiones fraudulentas o del comercio ilegal podrían devolverse a las víctimas en lugar de pasar simplemente al Estado. La ley prevé proteger a terceros de buena fe y crea organismos diferenciados de gestión de activos y supervisión. Un órgano de supervisión de cinco miembros, que deberá crear el presidente, vigilará a los funcionarios, tramitará quejas y promoverá la transparencia.

Antes de la votación, Transparency International Indonesia afirmó que el último borrador no estaba disponible para un examen público adecuado, lo que dejaba interrogantes sobre las pruebas, la protección de terceros y la supervisión. Kompas informó sobre un borrador publicado por el Parlamento después de la aprobación, pero poder consultarlo entonces no equivale a tener la oportunidad de revisar el texto definitivo antes de la votación. La Indonesian Legal Aid Foundation advirtió que los congelamientos y las incautaciones podrían castigar a las personas antes de que un tribunal se pronuncie, con riesgos para los grupos cívicos y otras organizaciones.

La prueba será la implementación

La próxima prueba será si el presidente designa a personas idóneas para integrar los organismos de gestión y supervisión, y si los investigadores y los tribunales aplican la ley de forma limitada y justa. Quienes la apoyan esperan que permita recuperar fondos públicos robados e indemnizar a las víctimas; sus críticos estarán atentos a congelamientos indebidos, controles insuficientes o una aplicación selectiva. El éxito no dependerá de cuánto patrimonio incauta el Estado, sino de si devuelve el producto del delito sin crear nuevas víctimas.