El proceso contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui ha planteado interrogantes sobre si la presunta aprobación de agentes estadounidenses por parte de un funcionario estatal constituyó un ataque a la soberanía de México.
Cómo la redada provocó una disputa
El 19 de abril, las autoridades de Chihuahua anunciaron el desmantelamiento de un presunto laboratorio de drogas sintéticas en Morelos. Cuando el convoy regresaba, un vehículo cayó por un barranco y murieron dos agentes estatales mexicanos y dos estadounidenses. Al principio, las autoridades describieron el operativo como una acción conjunta de investigadores estatales y el Ejército mexicano. Más tarde, medios de comunicación identificaron a los estadounidenses como agentes de la CIA. Los presuntos delincuentes huyeron y no hubo detenciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no había autorizado ni sabía de la participación de agentes estadounidenses. Apoya el intercambio de inteligencia con Washington, pero sostiene que los agentes extranjeros no pueden operar en México sin supervisión federal. El abogado de Jáuregui afirma que su cliente aprobó una misión para detener a presuntos delincuentes y coordinó el apoyo del Ejército mexicano, sin saber que participarían agentes estadounidenses. La Fiscalía sostiene que permitió su participación sin informar a las autoridades federales. Las versiones son objeto de controversia.
Por qué se cuestiona la acusación de traición
Después de que Estados Unidos detuviera en 2020 al exsecretario de la Defensa Nacional de México Salvador Cienfuegos sin avisar previamente a México, el Gobierno mexicano presentó una protesta y el Congreso endureció las restricciones para los agentes extranjeros. La Ley de Seguridad Nacional permite la entrada temporal de agentes extranjeros para intercambiar información en el marco de acuerdos bilaterales de seguridad, con acreditación, obligación de informar y coordinación federal. No les concede autorización general para participar en operaciones mexicanas sobre el terreno.
El artículo 123 del Código Penal Federal de México establece una pena de prisión de cinco a 40 años por traición a la patria. Abarca los actos contra la soberanía de México destinados a someter al país a una potencia extranjera, así como la colaboración con un Estado extranjero en actos hostiles que puedan perjudicar a México. La Fiscalía describe la presunta participación no autorizada como una violación de la soberanía y la seguridad nacional. Sin embargo, la actividad extranjera no autorizada no constituye automáticamente traición: la Fiscalía debe vincular las pruebas con lo que establece la ley. Border Report señaló que las autoridades no habían identificado públicamente la disposición específica en la que se basan.
Qué podría significar el caso
Las autoridades federales sostienen que los estados no pueden ceder facultades públicas a organismos extranjeros ni establecer sus propios acuerdos de seguridad con Washington. Un analista citado por Reuters dijo que el proceso podría sentar un precedente contra la cooperación estatal que eluda la aprobación federal. Chihuahua está gobernado por la oposición, y la fuente de Reuters señaló la importancia del estado de cara a las elecciones intermedias de México de 2027. Esto no demuestra que exista un motivo político, pero da a los opositores razones para cuestionar si la ley se aplica de manera uniforme. Reuters informó que las condenas por traición son extremadamente infrecuentes y que no se reconoce ampliamente ninguna desde la ejecución del emperador Maximiliano en 1867.
La inteligencia estadounidense puede ayudar a las agencias mexicanas a localizar laboratorios de drogas y redes de tráfico, pero las operaciones que se realicen al margen del proceso de aprobación de México podrían aumentar la desconfianza y dificultar la cooperación futura. México enfrenta presión para combatir a poderosos grupos criminales y, al mismo tiempo, mantener el control de las operaciones de seguridad en su territorio. El intercambio de información puede continuar, pero toda actividad sobre el terreno debe coordinarse con las autoridades mexicanas. Aún está por determinarse si la norma se aplica de manera justa y si la conducta alegada cumple el umbral legal para considerarse traición.
Dos casos avanzan en los tribunales
El 22 de octubre, un juez de Chihuahua permitió que siguiera adelante el caso estatal contra Jáuregui por el presunto ejercicio ilícito del servicio público, pero desestimó una acusación aparte de colusión entre servidores públicos. El caso federal por traición es independiente. Después de que la Fiscalía presentara sus alegaciones, la defensa de Jáuregui pidió más tiempo y se fijó la siguiente audiencia para el sábado 24 de octubre. El juez debe decidir si el caso federal puede avanzar más allá de esta etapa inicial. La prisión preventiva de Jáuregui no implica una declaración de culpabilidad: la audiencia determinará el siguiente paso procesal, pero no resolverá el caso.