El Senado de Brasil aprobó por unanimidad el martes 3 de noviembre una enmienda constitucional que refuerza el papel del Gobierno federal en la lucha contra las bandas criminales, y así impulsó la agenda de seguridad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de que el Congreso la promulgue formalmente como ley.
Los senadores la respaldaron con 73 votos a favor y ninguno en contra en la primera vuelta, y con 75 votos a favor y ninguno en contra en la segunda. La enmienda incorpora a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública de Brasil. También amplía la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.
Establece normas más estrictas para los líderes y miembros de las bandas, como el ingreso obligatorio en prisiones de máxima seguridad y restricciones a ciertos beneficios. También permite a las autoridades incautar bienes vinculados con actividades delictivas. La enmienda no crea directamente el nuevo ministerio que Lula ha prometido.
Lula ha dicho que planea crear el ministerio por separado después de la votación. Los senadores dejaron fuera de la enmienda las propuestas para reducir la edad de responsabilidad penal. Decidieron examinar esa cuestión por separado.
La votación del Senado se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara la medida en marzo. Ahora corresponde al Congreso promulgarla formalmente como ley, sin que sea necesaria la firma presidencial. El paquete busca mejorar la coordinación nacional contra el crimen organizado.
El crimen organizado ha ocupado un lugar destacado en el debate político de Brasil.