El Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional para coordinar la seguridad en todo el país, pero su efecto en la seguridad en las calles dependerá de lo que hagan los gobiernos a continuación.
Qué cambia la enmienda
La PEC 18/2025 fue aprobada por el Senado el 3 de noviembre con 73 votos a favor y ninguno en contra en la primera vuelta, y con 75 a favor y ninguno en contra en la segunda; las cifras corresponden a los senadores presentes, no a la totalidad de la cámara. Ahora pasa al Congreso para su promulgación. La enmienda incorpora a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública de Brasil, o Susp, y refuerza el papel coordinador del Gobierno federal. También allana el camino para el Ministerio de Seguridad Pública que prometió Lula, aunque aún no están definidos su personal, presupuesto ni dirección.
La medida contempla operaciones conjuntas e intercambio de información entre organismos federales, estatales y municipales. Amplía el papel de la Policía Federal en la lucha contra el crimen organizado con alcance interestatal o internacional y permite que la Policía Federal de Carreteras actúe en vías ferroviarias y fluviales federales. Algunos líderes de bandas y milicias podrían ser recluidos en centros de máxima seguridad y quedar sujetos a límites para acceder a la progresión de régimen y otros beneficios. Las autoridades podrían incautar bienes vinculados a actividades delictivas. Son herramientas legales, no una garantía de que vayan a funcionar.
Por qué la coordinación es un desafío
Los gobiernos estatales gestionan gran parte de la labor policial y del sistema penitenciario, mientras que las bandas pueden operar en varios estados y dentro de las prisiones. Durante la revisión en el Senado, el relator de la propuesta afirmó que las facciones habían crecido en parte porque las políticas de cada estado carecían de mecanismos eficaces de cooperación. Lula propuso crear un organismo nacional de coordinación durante su campaña presidencial de 2002, pero la iniciativa no llegó a concretarse. El nuevo enfoque también prevé que los fondos federales lleguen a los estados y municipios.
Gobernadores, entre ellos Tarcísio de Freitas, de São Paulo, y Ronaldo Caiado, de Goiás, advirtieron que la propuesta original podía debilitar la autonomía estatal. Después de que las disputas con los gobernadores y legisladores de la oposición frenaran el proyecto en la cámara baja, las negociaciones dieron lugar a un acuerdo. Brasilia establecería las directrices nacionales y coordinaría las acciones, mientras que los estados y municipios conservarían importantes funciones operativas.
La votación no zanjó todos los debates
La votación unánime no demuestra que exista acuerdo sobre todas las políticas de seguridad. La delincuencia fue un tema central en la campaña de reelección de Lula, y el apoyo a medidas más severas tuvo peso político en distintos partidos. Una disputa sobre reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal, o en algunos casos a 14, había retrasado la votación. Los senadores separaron esas propuestas de la enmienda, cuyo texto mantiene sin cambios la edad actual. Se prevé que el debate continúe por separado.
La implementación será la próxima prueba
Tras la promulgación formal, Lula deberá decidir cómo y cuándo establecer el ministerio. Aún no se han definido el calendario, el ministro ni el traslado de personal y fondos desde el Ministerio de Justicia. La prueba más difícil será lograr que los sistemas de datos, la financiación y las operaciones conjuntas funcionen entre gobiernos que conservan sus propias responsabilidades.
Para los residentes afectados por las bandas y las milicias, el éxito dependerá de que las investigaciones coordinadas y la presión sobre las finanzas criminales reduzcan la capacidad de esos grupos para operar y controlar territorio.